Sería un incremento de 68%. Venían advirtiendo la imposibilidad de seguir funcionando en este contexto. Ya habían reclamado un subsidio.
Las empresas que prestan el servicio de transporte automotor de pasajeros en Mar del Plata, nucleadas en Cametap, solicitaron al Concejo Deliberante un incremento de boleto de 68%, para pasar de los actuales $ 25 a $ 42,12.
Los transportistas fundamentaron el pedido en las pérdidas que les está produciendo la cuarentena por la pandemia de coronavirus. La semana pasada ya habían advertido la necesidad de que el estado los subsidiara para hacer frente a los costos.
“Una conjunción de factores está atentando contra nuestro servicio”, señalan los empresarios en la presentación que elevaron este jueves al presidente del cuerpo legislativo, Ariel Martínez Bordaisco, y al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti. Y mencionan “la caída de pasajeros “a niveles nunca antes visto”, las medidas que tienden a desalentar el uso del transporte público como foco propagador del Covid-19, el congelamiento de las partidas de subsidios, el diferimiento de la percepción de los denominados “atributos sociales”, el incremento incesante de los costos en sus diferentes niveles y el no acceso a los beneficios derivados del Programa de Ayuda Económica para la Producción y el Trabajo.
“El aislamiento social, preventivo y obligatorio, en sus diferentes facetas (…), generó en las empresas de transporte del sector una abrupta caída de los pasajeros transportados y, por ende, de la recaudación”, apunta la nota, y recuerda que las compañías tuvieron que adaptar la prestación de los servicios “a esta realidad que día a día muta vertiginosamente”.
“Las empresas fueron adecuando la prestación de los servicios ante tal realidad, reestructurando las frecuencias conforme las exigencias del Contrato de Concesión vigente y con plena interacción con el organismo de contralor en la materia a nivel municipal. Dado que las actividades esenciales exceptuadas de la cuarentena requieren el servicio de transporte público para poder trasladarse a sus puestos de trabajo, la oferta de servicios tuvo que sostener un ritmo tal que, para ser sumamente gráficos, genera un ingreso que no logra cubrir los pagos que deben efectuarse para abastecerse del combustible que esos recorridos consumen”, señala la presentación.
“Toda esta caída en la actividad provocó un cuantioso desfasaje económico financiero en las empresas, ya que comienzan a verse en peligro el cumplimiento normal y habitual de las obligaciones asumidas: las compras de gas oil deben ser abonadas de contado, las remuneraciones a fin de mes deberán ser saldadas en tiempo y forma, las compras de bienes y servicios financiadas a través del sistema bancario (cheques diferidos) y cuyos vencimientos operen de aquí en más también verán peligrados su posibilidad de cobertura. Lo que lleva a las empresas lisa y llanamente a sobrevivir con los magros remanentes de fondos disponibles en un cortísimo plazo y a la espera de futuras partidas en concepto de subsidios que mensualmente se perciben pero que representan no más del 40% de los fondos totales que gestionan tales empresas”, agrega.
Según apunta, “la situación inevitable y extraordinaria no solo impide que las empresas de transporte puedan obtener una ganancia razonable de la debida explotación del servicio público en cuestión, sino que, además, implica una pérdida dineraria de dimensiones estrafalarias a la cual no pueden hacer frente”.